El Tribunal de la ciudad no es una organización fija, sino una herramienta estructurada de democracia participativa para la resolución de conflictos y la toma de decisiones estratégicas sobre temas que surgen vinculados a la satisfacción del derecho a la ciudad en València.
La concepción de la ciudad como común es la idea vertebradora del proyecto. Con el telón de fondo del referente mundial que constituye el Tribunal de les Aigües de València, se ha planteado aplicar el enfoque de gestión colectiva en otros ámbitos de la vida en la ciudad mediante dos resultados principales: La Carta de la ciudad y el prototipo de deliberación colectiva del Tribunal.
La Carta de la Ciudad, redactada en diciembre de 2022, es el resultado del proceso de escucha para definir de forma coral el “derecho a la ciudad” en el municipio de València. Para definir y construir los contenidos y la estructura de esta Carta, se utilizan dos instrumentos principales: el Archivo de voces, que sirve para recoger, documentar y visibilizar parte de la diversidad de percepciones y vidas en València a través de testigos de habitantes de la ciudad; y la Conversación abierta, como espacio de diálogo y reflexión colectiva en torno a su contenido.
Responde a la voluntad de territorializar la idea de progreso en un territorio concreto y de reflexionar en torno al concepto de derecho a la ciudad como paraguas de la vida urbana. Es un dispositivo en “beta permanente” para articular qué significa en el presente el interés general en la ciudad de València y su relación en la idea de futuro. El texto es contemporáneo y resultado del momento y el lugar desde donde se escribe. Se refuerza así la idea que el derecho a la ciudad es producto de la sociedad que lo define, siendo un elemento mutable que responde a las necesidades y aspiraciones de esta.
El Tribunal es un organismo permeable. Se diferencia de la Administración –tradicional garante del interés general– en cuanto que es una institución de deliberación colectiva autogestionada, de democracia participativa directa. En este sentido, el Tribunal funciona como mecanismo de ley vernáculo (vernacular law), una respuesta micro-legal al margen de las infraestructuras formales establecidas que expone los agujeros de la Administración tal como es hoy, proponiendo una respuesta iniciada por y con la gente.
El Tribunal puede ser activado –utilizado, aplicado, llamado– por diferentes colectivos en diferentes momentos. La activación del Tribunal puede tener varios orígenes: una consulta ciudadana o de un órgano de gobierno, la toma de una decisión en el seno de un colectivo o la puesta en marcha de este por “iniciativa propia”. El hecho de que una decisión se haya tomado mediante el proceso del Tribunal es el que le dota de legitimidad a esta decisión.
El prototipo del tribunal busca responder a estas aspiraciones mediante un proceso posible para la toma de decisiones, definiendo su funcionamiento esperado en fases de toma de decisiones y los roles necesarios que tendrían que formar parte para su composición.
